El Gobierno garantiza la seguridad jurídica en torno a la actividad hidrocarburífera

Será tanto para los operadores de la misma, como para los propietarios de los campos en los cuales se encuentran los pozos extractivos

En tal sentido, y ante la situación planteada en la zona de Sargento Ocón, en cercanías de Catriel, se aclaró que ha actuado la Justicia como una integrante del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y el respeto de los derechos adquiridos por los actores.

La empresa Petrolífera Petroleum, operadora de los pozos en cuestión, se encuentra plenamente habilitada para desarrollar todas sus actividades y operaciones correspondientes a las Concesiones de Explotación "Rinconada Puesto Morales" y "Puesto Morales Este", a fin de explorar, explotar, transportar y disponer de hidrocarburos, de conformidad con la Ley Nacional de Hidrocarburos, sin que existan limitaciones específicas de ninguna naturales por parte de esta Autoridad para el desarrolla de las actividades concesionadas.

Precisamente, el Gobierno de Río Negro, a través de sus organismos competentes, como la Secretaría de Hidrocarburos y la Secretaría de Medio Ambiente, ha realizado las correspondientes acciones, controles y verificaciones a fin de garantizar la remediación de las áreas que se vieron afectadas por la actividad, las que están a cargo de la empresa concesionaria.

De esta manera, no existe razón legal alguna para que cualquier institución o persona impida la continuidad de la actividad en las citadas áreas. En consecuencia, la detención de dos personas producida ayer es producto que sus protagonistas infringieron la ley, impidiendo el ingreso de operarios al predio.

En tanto, en forma paralela se está investigando si los episodios ambientales ocurridos en la región se produjeron por fallas o negligencias de la empresa, o bien son el producto de acciones deliberadas de terceros con el objetivo de obtener algún tipo de rédito con este tipo de situaciones.

Los integrantes del servicio de seguridad adicional, con el refuerzo del material recolectado en las cámaras de seguridad, trabajan para establecer si hay relación entre algunos de los particulares que pretendieron impedir la actividad de los trabajadores y los hechos se sospechan habrían sido deliberados para causar accidentes ambientales.

El Estado, a través del servicio de Policía y de Justicia no permitirá la concreción de hechos violentos, ni fuera de la ley, que avasallen los derechos de los trabajadores, las empresas y los propietarios de los campos involucrados.

Se ratificó asimismo que las únicas autoridades competentes para determinar si la empresa está habilitada o no para operar son la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Hidrocarburos, y que ningún particular se puede arrogar cualquier poder de decisión al respecto.